Residencias y COVID-19: cinco claves para una absolución o condena

Canal: COVID-19


Durante el estado de alarma por COVID-19, se han abierto numerosos expedientes para investigar la posible responsabilidad de las residencias en el fallecimiento de ancianos

Más de 19.570 personas han fallecido por COVID-19 en residencias de mayores

Durante el estado de alarma por la pandemia de COVID-19, se han abierto numerosos expedientes en Fiscalía para investigar la posible responsabilidad en la gestión de algunas residencias de mayores.

«Hasta la fecha, han fallecido más de 19.570 personas en centros de mayores, lo que da una idea de la magnitud de la crisis a la que se han enfrentado estas instituciones y su personal», indica Margarita García, abogada del bufete DS Legal Group.

La letrada ofrece en este vídeo, junto a su compañero de despacho Ramiro Urioste, cinco pautas que podrían eximir de responsabilidad a las residencias de mayores públicas y/o privadas, en cualquiera de las jurisdicciones (civil, penal o administrativa).

Las claves para decidir la absolución o condena de una residencia de mayores ante la COVID-19

1. El cumplimiento de los contratos de ingreso. Hay que acreditar el cumplimiento del contrato firmado con el residente a su ingreso en la residencia. Esto incluye las medidas de cuidado personal, control y protección, así como los medios de atención médico-geriátrica pactados.

2. La ausencia de una actuación culposa por parte del personal de la residencia. El análisis de la actuación de cada profesional es fundamental. En este caso, se deberá acreditar la adopción de especiales medidas de cuidado. Quien reclama debe acreditar el nexo causal entre la atención prestada en la residencia y la causa del fallecimiento.

3. El cumplimiento de los protocolos establecidos por las comunidades autónomas y el Gobierno. Las residencias fueron declaradas como servicios esenciales. El Gobierno reforzó las intervenciones de las comunidades autónomas sobre los centros de mayores. «Una residencia no incurrirá en responsabilidad si ha seguido las recomendaciones y órdenes del gobierno central y autonómico que nacieron a partir de la declaración del estado de alarma», apunta el abogado Ramiro Urioste. Algunas de estas son:

    • Recomendación de 5 de marzo, relativa a la restricción de movimiento para residentes con sospecha de COVID-19 y valoración de su estado por los servicios de salud pública.
    • Orden de 21 de marzo, por la que se clasifica a todos los residentes en cuatro categorías según su sintomatología.
    • Órdenes de 23 y 24 de marzo, por las que se instaba a los titulares de los centros que facilitasen información periódica a las comunidades autónomas sobre la situación de las residencias, y a elaborar planes de contingencia y suspender las visitas y salidas.

4. Acreditar el tratado de información. Tanto a los centros sanitarios (para una posible derivación) como a los familiares para evitar una reclamación por pérdida de oportunidad.

5. Estudiar si se trata de un supuesto de fuerza mayor. Por saturación puntual de los centros sanitarios o por denegación en las derivaciones solicitadas desde las residencias. «No podemos ser ajenos al inmenso dolor de una pérdida humana, pero tampoco al hecho de que las residencias no son centros sanitarios y han tenido que enfrentarse a la pandemia sin medios ni personal especializado«, concluye Ramiro Urioste.

Descubre más artículos sobre Derechos y Salud en el canal COVID-19.

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