Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición

La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición que ultima el Gobierno, limitará el contenido de los ácidos grasos trans en los alimentos e incluirá una estrategia nacional para fomentar una alimentación saludable y prevenir la obesidad, según anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Los ministerios de Sanidad y Política Social y Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, han unificado en una sola norma toda la legislación de alimentos y nutrición con el objetivo de reforzar la seguridad de los ciudadanos en materia alimentaria con el objetivo de “poner fin a la dispersión legal” y optimizar la seguridad de la cadena alimentaria y mejorar la coordinación con todas las administraciones.

Además, recoge los riesgos nutricionales y su incidencia en la salud, y tiene en consideración riesgos sociales de integración o de discriminación relacionados con la seguridad y la nutrición.

En cuanto a las grasas trans, De la Vega recordó que “está demostrado que aumentan los riesgos cardiovasculares”, de ahí que se vaya a limitar su contenido. No obstante, para que se haga efectivo habrá un “periodo transitorio suficientemente amplio para permitir a los operadores adaptarse a su producción”.

La ley abordará también la prevención de la obesidad uno de los principales problemas de salud de los países desarrollados, según reconoció De la Vega. Para ello, el Gobierno se coordinará con las comunidades autónomas y los agentes sociales para desarrollar una estrategia que defienda una alimentación saludable reforzando la Estrategia NAOS impulsada en 2005 y premiada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por otro lado, la nueva norma establece la creación de una Red Española de Laboratorios de Control Oficial de Seguridad Alimentaria, que reforzará la vigilancia en seguridad alimentaria, mejorará la gestión de la calidad y apoyará la investigación en metodología analítica de la seguridad alimentaria, entre otros aspectos.

Además, otorga una especial importancia a los aspectos relativos a la coordinación y cooperación entre administraciones para el diseño de planes oficiales de control integrados, coordinados y, en la medida de lo posible, sistematizados con respeto a la organización jurídica de competencias y a las exigencias establecidas en la normativa nacional y comunitaria.

A partir de ahora, el anteproyecto inicia un proceso de elaboración final en el que el Gobierno pretende contar con todos los sectores implicados, consumidores y usuarios, industria alimentaria, con el objetivo de “obtener consenso para proteger más y mejor a los ciudadanos y garantizar el funcionamiento de las industrias”.

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