El medicamento: un bien esencial

El Colegio de Farmacéuticos de Valencia ha propuesto la creación de una ley sobre Principios Básicos de Ordenación del Medicamento, para preservar el modelo mediterráneo de farmacia. Este modelo de farmacia defiende, entre otras cosas, que la venta de medicamentos se realice exclusivamente en farmacias y que éstos no sean objeto de publicidad o descuentos.

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Más del 20 por ciento de los farmacéuticos españoles, unos 4.000 facultativos, se han adherido a la Ley de Iniciativa Popular sobre los principios básicos de ordenación del medicamento, promovida por el Colegio de Farmacéuticos de Valencia. Esta propuesta tiene como objetivo mantener el actual sistema de prestación farmacéutica.

“Nosotros consideramos al medicamento, sobretodo, como un bien esencial y que hay que preservar del libre mercado. Sobre este principio hemos hecho esta Ley de Iniciativa Popular”, explica Pilar Machancoses, presidenta en funciones del Colegio de Farmacéuticos de Valencia. “Se trata de un proyecto transparente basado en la propia Constitución, que intenta reforzar las leyes que garantizan que el medicamento sea un bien protegido y no un producto más de consumo sometido a las leyes del mercado”, añade Machancoses.

Esta iniciativa trata de garantizar los derechos del ciudadano a seguir disfrutando del actual sistema de prestación farmacéutica, ante la presión de las grandes multinacionales que luchan por liberalizar el sector. Lo que se pretende con esta proposición de ley es asegurar el modelo mediterráneo de farmacia, defendido por la Organización Mundial de la Salud y del cual España es un claro ejemplo a seguir. De nuestro modelo, la OMS destaca no sólo el sistema de dispensación de medicamentos, homogéneo tanto en grandes núcleos urbanos como en el medio rural, sino muy especialmente el consejo sanitario que se ofrece a los pacientes y la información sobre el uso de medicamentos, entre otros.

Básicamente, esta propuesta de ley defiende:

-El artículo 43 de la Constitución Española donde se salvaguarda el derecho a la salud de todos los españoles, un derecho que no es posible sin una prestación farmacéutica eficaz y adecuada.

-Que sea el Estado el que regule el acceso de los ciudadanos al medicamento, fijando los precios que vendrán marcados en el envase.

-Los medicamentos no serán objeto de publicidad, ni de promoción o descuentos.

-Que se potencie la atención farmacéutica basada en criterios sanitarios y no económicos.

-Que se tengan en cuenta las directivas de la Unión Europea que califican el medicamento como “un bien esencial de interés universal” y no como un mero producto de consumo.

Para Pilar Machancoses, esta propuesta está acorde con la Ley del Medicamento actual y la General de Sanidad, “es una respuesta ética y sanitaria frente a los grandes grupos económicos, favorable a los consumidores porque limita los precios y los márgenes. Supone en todos los sentidos una mejora del actual modelo de farmacia, que corre el riesgo de desaparecer en algunas autonomías españolas”, explica la presidenta en funciones del Colegio de Farmacéuticos de Valencia.

El proceso legal de la propuesta de Ley de Iniciativa Popular se inició el pasado 14 de noviembre, cuando fue presentada ante el Congreso de los Diputados y admitida a trámite. En julio de este año deberán presentar quinientas mil firmas en apoyo de la iniciativa, para que ésta pueda ser discutida y, en su caso, aprobada por las Cortes.

“Como profesional sanitario es el farmacéutico quien debe custodiar el medicamento y éste debe seguir dispensándose en exclusiva en las oficinas de farmacia. En contrapartida, los farmacéuticos debemos asumir con más fuerza que nunca la responsabilidad de una atención farmacéutica que prime la salud del ciudadano, sin más consideraciones”, explica Pilar Machancoses.

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