Sólo uno de cada diez millones de actos médicos genera una reclamación

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Frente a la creciente preocupación de los profesionales médicos sobre el Derecho que rige sus responsabilidades profesionales, un reciente libro afirma que la proporción de demandas impuestas en España es insignificante comparada con el número de actos médicos que se realizan.

Especialidades relacionadas: General, Medicina Legal

La proporción entre las demandas impuestas por los pacientes por una mala asistencia médica y el número de actos médicos que se realizan en nuestro país es “prácticamente insignificante” según el libro La responsabilidad en el ejercicio de la medicina (editado por Gaes), cuyo autor es el especialista en Derecho Sanitario, el doctor Juan Cajade, del Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Según su investigación, sólo uno de cada diez millones de actos médicos genera una reclamación por parte del paciente.

Este libro pretende dar respuesta a “la creciente preocupación” que los profesionales sanitarios sienten ante el mayor número de demandas que cada vez interponen los pacientes, concluyendo que el porcentaje de actos médicos sobre los que se impone una demanda es mínimo en relación con el número de intervenciones.

El doctor Cajade ha realizado un pormenorizado repaso por todos los aspectos relacionados con la responsabilidad del médico, tales como si está obligado a determinar resultados, a quién corresponde probar su presunta culpa, las responsabilidades de los MIR o las reclamaciones por reacciones alérgicas a los fármacos, entre otros.

La importancia de la comunicación con el paciente

En opinión de este especialista, es esencial que cualquier profesional de la Medicina “actúe de acuerdo con los criterios correctos desde el punto de vista profesional” y obtenga el consentimiento del paciente, excepto en los casos establecidos por la ley. Y rechaza la táctica de la “medicina defensiva” puesta en marcha por una minoría en EE.UU, país donde las demandas sí alcanzan niveles significativos.

“Somos los médicos y el resto del colectivo sanitario los que debemos evitar en lo posible que se produzcan conflictos legales de responsabilidad médica”, explica el doctor Cajade, y para conseguirlo añade que “estamos obligados a poseer unos conocimientos de Medicina y Derecho adecuados”, para no llegar a casos como cuando “el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos confirmó que el 27 por ciento de sus miembros eliminaba el tratamiento de las mujeres embarazadas con patología de algún riesgo”.

La falta de comunicación origina, según su estudio, el 75 por ciento de las demandas, por lo que Cajade aconseja que “si hemos demostrado que ha existido preocupación y atención por nuestra parte hacia el paciente y los que le rodean, será muy raro que se nos lleguen a imputar responsabilidades”.

La presión de los medios de comunicación

El doctor Cajade también lamentó el “amarillismo” de algunos medios de comunicación en sus titulares y en el tratamiento que hacen de las noticias sobre demandas por actos médicos, en las que, en su opinión, predomina la espectacularidad sobre la mesura. Provocando que se hagan “juicios públicos” paralelos de estos casos, que dañan moralmente al profesional, aunque el procedimiento legal le exima al final de toda culpa.

Divididos por especialidades, el mayor número de demandas se producen en el ámbito de la Medicina de Familia (19,1 por ciento), aunque cabe señalar que es la especialidad que engloba a más profesionales. Le siguen Traumatología (que genera un 14,8 por ciento de las demandas), Obstetricia y Ginecología (14,2 por ciento) y Cirugía General (8,1 por ciento).

El estudio también revela que algo menos de un tercio de los casos de demanda surgen a raíz del fallecimiento del paciente (el 32 por ciento), mientras que el resto responde a lesiones o secuelas.

Un caso contrario: un médico denuncia a un paciente o familiar

Pero también puede darse el caso contrario, que un doctor denuncie a un paciente o a sus familiares por haberle difamado. En este sentido, se ha fallado recientemente uno de los casos que más expectación ha levantado en España. La madre de un paciente muerto en tratamiento ha sido condenada a pagar dos millones de pesetas y una cuota diaria de cinco mil pesetas durante seis meses a dos de los doctores que le trataron, Enrique Rubio y Benjamín Guix, en concepto de daños morales, tras llevar a cabo una dura campaña de desprestigio contra ellos.

La condenada interpuso una denuncia a los doctores por la muerte de su hijo en 1993, pero los profesionales fueron absueltos de toda culpa en sentencia de 1997, tras lo cual la madre llevó a cabo una campaña de desprestigio contra ambos profesionales, publicando y distribuyendo panfletos, apareciendo en medios de comunicación y manifestándose en público, descalificando duramente a ambos doctores.

En la sentencia del Juzgado de lo Penal número 6 de Barcelona se incide en que “el ejercicio de la libertad de expresión e información no puede llevar al desconocimiento del límite constitucional que supone la protección del honor que goza de igual salvaguarda constitucional” y añade que “si bien es comprensible, inconsolable e irreparable el dolor que puede causar a una madre la pérdida de un hijo y más cuando dicha muerte es lenta y rodeada de sufrimiento, ello en modo alguno puede llevar a justificar una consulta tan reprochable como la desarrollada por la acusada”.

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